Las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia del COVID-19 se basan en un llamado simple: “Quédate en casa”. Sin embargo, los hogares no son siempre lugares seguros para mujeres y niñas. Esta es la otra crisis del Coronavirus: la imparable violencia contra las mujeres.  

Ante el repunte de violencia doméstica en el mundo, el secretario general de la ONU hizo un llamado a todos los Estados a tomar medidas para proteger a las mujeres en sus hogares. A nivel regional, países como Argentina, Chile, Colombia, y Ecuador ya han reportado el aumento de casos. El Comité de Expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han llamado a los estados de la región a enfrentar la crisis adoptando medidas para mitigar la violencia contra las mujeres y para integrar la perspectiva de género.

Violencia contra las mujeres y estado de emergencia

Casi un mes ha transcurrido desde la adopción, el pasado 16 de marzo, del estado de emergencia en el Perú que ha obligado a millones de personas a quedarse en sus casas ante el aislamiento social obligatorio decretado en el país. Esta medida extraordinaria ha tenido consecuencias extraordinarias, como el inaudito descenso de la criminalidad en general y con ella, el descenso de muertes violentas en el país. Sin embargo, hay una violencia que no para, que no se aísla, que no desciende: la violencia contra las mujeres.

En Perú, de acuerdo con información oficial del Ministerio de la Mujer, durante el primer mes del estado de emergencia, al menos 4 mujeres han sido víctimas de feminicidio, mientras que 87 mujeres han reportado violencia sexual, 56 de ellas son niñas. Además, el ministerio ha registrado más de 10.000 casos de violencia de género contra las mujeres y la línea 100 ha atendido más de 7.000 llamadas relacionadas con casos de violencia familiar y/o sexual, incluidas llamadas de niñas y niños que denunciaban que sus madres estaban siendo agredidas.

El confinamiento, catalizador de violencia contra las mujeres

En las dinámicas de violencia de género existe un riesgo particular de aumento de violencia doméstica e intrafamiliar en los momentos en que las familias pasan más tiempo juntas y también, en contextos de crisis socioeconómicas. En tiempos de coronavirus, la consigna “Quédate en casa” es una bomba de tiempo para miles de mujeres y niñas.

Durante la pandemia, el confinamiento social agrava los conflictos y la violencia con la que son resueltos, de manera particularmente grave en relaciones abusivas y en hogares con antecedentes de violencia. Además de la violencia física y sexual, el confinamiento puede ahondar la violencia psicológica y financiera, y reafirmar dinámicas tóxicas de poder y de abuso sobre las mujeres, como el control sobre sus comunicaciones, sus labores o sus desplazamientos, de por sí ya limitados.

El aislamiento social es una situación de riesgo para mujeres víctimas de violencia de género, ya que ven limitada su interacción social, sus posibilidades de pedir ayuda, de reportar sus casos e incluso, de escapar y buscar refugio seguro.

El desafío ante la crisis, proteger a mujeres y niñas en sus casas

Desde el ámbito de la defensa de los derechos de las mujeres ha sido crucial reconocer que la violencia contra las mujeres en el ámbito privado no es aceptable ni tolerable. “Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”, así lo dispuso la Convención de Belém de Pará. En virtud de ello, el Estado tienen la obligación de prevenir esta violencia, proteger a las víctimas, investigar los casos y sancionar a los responsables. Sin embargo, si los servicios de atención a víctimas de violencia de género ya eran insuficientes, inadecuados y sin recursos antes del estallido de la crisis del coronavirus, ahora el desafío es mayor.

De forma general, los estados y gobiernos del mundo entero han optado por reforzar las líneas telefónicas de atención; incrementar campañas de información y prevención; aumentar disponibilidad de albergues y lugares seguros para mujeres sobrevivientes de violencia; generar opciones creativas e innovadoras para que las mujeres en riesgo reporten casos; limitar los factores que agravan el riesgo de violencia (como limitar la venta de armas personales y el consumo de alcohol); incluso, han optado por modificar marcos normativos para que los operadores de justicia puedan responder de forma más eficaz a la situación.

En Perú, solamente se han implementado las dos primeras vías, con campañas de comunicación y prevención, y líneas de atención que ya están sobrepasadas de casos y llamadas de mujeres en riesgo. Sin embargo, hacer frente a la violencia de género contra las mujeres requiere de mucho más: exige un firme compromiso del Gobierno para la movilización de recursos, una real coordinación institucional y una verdadera estrategia integral. Acabar con la impunidad que caracteriza la violencia de género y proteger a mujeres y niñas de ser víctimas de violencia contra ellas era ya una enorme deuda pendiente antes del brote de coronavirus. Enfrentar la otra crisis, la violencia contra las mujeres confinadas, es hoy una urgencia dentro de la urgencia.


(Ilustración: @burdo.666)